Republicanos dan por muerto CLARITY Act a 7 días
Patricia López · Regulación Cripto · 2026-09-08
Mike Rounds, Thom Tillis y Roger Marshall advierten que el proyecto no alcanzará los 60 votos necesarios el martes 15. Polymarket marca 17%, su peor nivel desde que arrancó el contrato.
Tres senadores republicanos advirtieron este martes que el CLARITY Act —el proyecto de regulación cripto más ambicioso en una década— está encaminado al fracaso en la votación procedural del 15 de septiembre. Mike Rounds declaró que "no se ve bien ahora", mientras Thom Tillis condicionó cualquier apoyo a que la Casa Blanca cierre las disputas éticas que demócratas exigen. Roger Marshall fue más directo: "No puedo hacer nada sobre el proyecto de ley cripto".
La votación de <abbr title="procedimiento que determina si el Senado puede iniciar el debate formal sobre un proyecto de ley">cloture</abbr> requiere 60 votos. Los republicanos controlan 53 asientos, lo que obliga a atraer al menos 7 demócratas a un frente que ni siquiera está unificado en su propio bando. Josh Hawley, republicano de Missouri, ya declaró que no votará a favor hasta que el texto aborde preocupaciones sobre fuga de depósitos bancarios.
De 82% en febrero a 17% hoy
Polymarket marca 17% de probabilidad de que el CLARITY Act sea aprobado y firmado en 2026, según datos del 7 de septiembre. En febrero la cifra era 82%; en agosto había caído a 20%. El contrato acumula $14.2 millones en volumen desde su lanzamiento. TD Cowen, firma de análisis legislativo en Washington, sitúa las probabilidades en apenas 25%.
El senador demócrata Ruben Gallego trabaja en un lenguaje ético relacionado con el presidente y su familia, pero reconoce que no ha visto respuesta alguna de la Casa Blanca. Tillis fue claro: si la administración no muestra interés en cerrar esas diferencias, el proyecto fracasará.
Calendario colapsado y ventana que se cierra
La Cámara de Representantes canceló 8 días de votación y abandonará Washington el 17 de septiembre. No habrá sesiones durante las semanas del 21 y 28 de septiembre. El líder de la Mayoría del Senado, John Thune, presentó <abbr title="moción para limitar el debate y forzar una votación">cloture</abbr> el 8 de agosto fijando la votación del martes 15 como prueba de compuerta, pero el calendario ya no da margen para reconciliación entre cámaras antes de que las elecciones de noviembre congelen cualquier iniciativa legislativa importante.
- 294-134: así pasó el proyecto la Cámara en julio de 2025, con apoyo de 78 demócratas
- 53 republicanos + 7 demócratas: aritmética mínima para alcanzar 60 votos en el Senado
- 17 de septiembre: Cámara sale de Washington; no habrá sesiones las semanas 21 y 28 de septiembre
El contraste es llamativo. Mientras 3,283 bancos estadounidenses lanzan su propia blockchain con $21.8 billones en activos en busca de un marco claro, el Congreso no consigue votar uno. La industria cripto lleva años pidiendo certeza regulatoria; el CLARITY Act debía entregarla dividiendo supervisión entre SEC (valores) y CFTC (commodities), estableciendo requisitos de registro y fortaleciendo controles contra lavado de dinero.
Qué pasa si fracasa el 15
Si la votación de cloture falla, el proyecto no avanza a debate formal. Thune podría volver a presentarla más adelante, pero el calendario apretado y la proximidad de las elecciones convierten esa posibilidad en remota. La alternativa es el plan B regulatorio: la SEC ya propuso un marco de ofertas sin esperar al Congreso, y Trump convocó una cumbre cripto la semana pasada.
Para exchanges, custodios y emisores de <abbr title="tokens digitales anclados al valor de una moneda fiat, típicamente el dólar">stablecoins</abbr>, el fracaso prolonga la incertidumbre sobre qué agencia supervisa qué activo. La Cámara demostró en julio de 2025 que había consenso bipartidista real —78 demócratas votaron a favor—, pero el Senado ha resultado un obstáculo más duro. El problema no es técnico; es político, y el reloj corre en contra.
La votación del martes 15 de septiembre determinará si años de debate sobre regulación cripto se convierten en ley o si la industria sigue operando en un vacío legal fragmentado entre estados y agencias federales que interpretan cada una a su manera.