417 votos contra socializar costos IA pero sin obligar a ningún estado
Andrés Valcárcel · Energía y Clima · 2026-09-17
La Cámara aprobó ayer por abrumadora mayoría que los data centers paguen sus propias redes. Trampa: solo puede recomendar a reguladores estatales, no forzarlos.
La Cámara de Representantes aprobó este miércoles 16 de septiembre —con 417 votos a favor y 3 en contra— un proyecto de ley que ordena a los reguladores estatales adoptar estándares para que los <abbr title="instalaciones que alojan servidores y equipos informáticos a gran escala">data centers</abbr> de inteligencia artificial con demanda de 100 <abbr title="unidad de potencia eléctrica igual a un millón de vatios">megavatios</abbr> o más paguen los costos completos de las actualizaciones de red eléctrica necesarias para servirlos. La H.R. 9340, bautizada Ratepayer Protection Act, codifica en ley federal el compromiso que Trump arrancó a Big Tech en febrero para evitar que las facturas residenciales sigan subiendo.
Problema: la palabra clave en el proyecto es «considerar». Bajo la Ley de Políticas Regulatorias de Servicios Públicos de 1978, las comisiones de servicios públicos estatales establecen sus propias tarifas; el Congreso federal solo puede pedirles que consideren cambios, pero no tiene poder para forzarlos. El texto aprobado ayer proporciona una recomendación federal, pero preserva intacta la soberanía estatal para regular los mercados eléctricos.
Unanimidad electoral con fecha de caducidad
El proyecto lo introdujeron dos legisladores que enfrentan elecciones competitivas en noviembre: Gabe Evans (R-Colorado) y Kathy Castor (D-Florida). Los únicos tres votos en contra vinieron de progresistas: Summer Lee (D-Pennsylvania), Delia Ramirez (D-Illinois) y Rashida Tlaib (D-Michigan). Nadie más quiso aparecer bloqueando una ley que protege —al menos en teoría— a los consumidores de las facturas que la IA está generando.
El proyecto avanza ahora al Senado, donde lo liderará John Husted de Ohio, quien también enfrenta una reelección complicada. El líder <abbr title="del ala mayoritaria en el Senado">de la mayoría</abbr> John Thune señaló que probablemente necesite pasar por <abbr title="mecanismo legislativo que requiere acuerdo de todos los senadores para aprobar sin debate ni enmiendas">consentimiento unánime</abbr> dado el tiempo limitado en la agenda antes de las elecciones de mitad de período.
La factura real: $6.300 millones solo en PJM
Los números detrás de la ley explican la urgencia política. En la subasta de capacidad más reciente de <abbr title="operador regional de red eléctrica que coordina la transmisión en 13 estados del noreste y medio oeste">PJM</abbr> —que asegura compromisos de plantas de energía para mediados de 2028 a mediados de 2029—, los data centers fueron responsables de aproximadamente $6.300 millones, el 38% del total de $16.400 millones. Como ya publicamos la semana pasada, la congestión en esa red se cuadruplicó en doce meses.
- Los data centers consumieron aproximadamente el 4,4% de toda la electricidad en EE. UU. en 2023, pero se prevé que lleguen al 12% para 2028.
- Los costos de electricidad son hasta 267% más altos durante un mes en áreas cercanas a actividad significativa de data centers, comparado con hace cinco años.
- Amazon, Google, Meta, Microsoft, OpenAI, Oracle y xAI, junto con más de 300 organizaciones, firmaron en febrero el compromiso voluntario que este proyecto intenta codificar en ley.
El representante Brett Guthrie de Kentucky, presidente del Comité de Energía y Comercio de la Cámara, expresó su respaldo al proyecto, que convierte en mandato federal algo que ya estaba sobre la mesa desde el discurso del Estado de la Unión de febrero, cuando Trump convocó a las grandes tecnológicas a firmar el compromiso público.
Críticas: «Muy lejano de cualquier solución integral»
Tyson Slocum, director del programa de energía de Public Citizen, organización de defensa del consumidor sin fines de lucro, dijo que el proyecto es «muy lejano de cualquier tipo de solución integral». El líder de la minoría de la Cámara, Hakeem Jeffries (demócrata de Nueva York), llamó el lunes pasado a la legislación «un paso adelante», pero advirtió que «claramente se necesita hacer más».
La limitación es estructural: dado que el marco regulatorio federal solo puede recomendar, no obligar, estados con poca capacidad regulatoria o con incentivos económicos para atraer data centers pueden simplemente ignorar el estándar. Y los reguladores estatales que sí lo adopten enfrentan el mismo problema físico que ya hemos documentado: más de 1.570 GW hacen fila para conectarse a una red que tardará años en expandirse.
El proyecto protege tarifas en el papel, pero deja intacta la pregunta de quién construye las líneas de transmisión y cuánto tarda. Si el Senado lo aprueba por consentimiento unánime antes de las elecciones de noviembre, cada comisión estatal decidirá si lo implementa. Lo que salió de la Cámara ayer fue una señal política clara; lo que llegue a las facturas residenciales dependerá de 50 reguladores distintos.