NIMBY at scale frena $68B en data centers mientras 833 grupos bloquean proyectos de IA
Patricia López · Tecnología · 2026-09-21
En seis meses, la oposición local detuvo 45 proyectos valorados en $68.000 millones. Una red de 833 grupos en 49 estados institucionalizó el rechazo y el sentimiento público giró 33 puntos en un año.
La oposición local a <abbr title="Centros de procesamiento masivo de datos que requieren electricidad y refrigeración intensivas">data centers</abbr> de inteligencia artificial bloqueó o retrasó 45 proyectos por un valor de $68.000 millones en el segundo trimestre de 2026, según Data Center Watch, el proyecto de seguimiento de 10a Labs. La cifra representa más de la mitad del volumen de nuevos desarrollos grandes propuestos en ese período y confirma que el rechazo dejó de ser anecdótico para convertirse en un fenómeno estructural.
Detrás de los números hay una red en expansión: 833 grupos de oposición activos operan ya en 49 estados (solo Hawái queda fuera), frente a los 396 que existían a finales de 2025. El crecimiento del 113% en seis meses no es volatilidad; es una comunidad organizada que aprendió a replicar tácticas, compartir manuales y presionar antes de que los desarrolladores presenten solicitudes formales de permisos.
El primer semestre duplicó todo 2025
El volumen bloqueado en Q2 ($68.000 millones) sigue a un primer trimestre aún más agresivo: 75 proyectos por $130.000 millones fueron detenidos o retrasados entre enero y marzo, el trimestre con mayor volumen registrado desde que Data Center Watch comenzó el seguimiento en 2023. Sumados, los 120 proyectos estancados en el primer semestre ya superan el total anual de 2025.
Miquel Vila, analista líder de Data Center Watch, explicó que el trimestre reflejó «un cambio estructural más que un pico cíclico». Las comunidades internalizaron un manual de oposición, las sesiones legislativas introdujeron incertidumbre regulatoria formal y el número de grupos activos se duplicó con creces. Mientras la Cámara aprobó en septiembre que los data centers paguen sus propias redes, el frente local ya había tomado la delantera.
El giro del sentimiento público supera al rechazo nuclear
Una encuesta de Embold Research para Heatmap Pro, realizada entre el 8 y el 13 de agosto de 2026, mostró que el 75% de votantes estadounidenses se opone a la construcción de data centers cerca de sus hogares, con 61% declarando fuerte oposición. Hace doce meses, en septiembre de 2025, la oposición era del 42% (con 43% de apoyo). El giro neto de 33 puntos porcentuales en un año no tiene precedente reciente en temas de infraestructura.
Para contexto, la oposición pública a plantas nucleares en Estados Unidos ronda históricamente el 53%. La resistencia a data centers de IA ya la superó. En junio de 2026, solo el 14% de estadounidenses apoyaría un data center en su comunidad si el propósito declarado fuera entrenar modelos de inteligencia artificial.
- Consumo eléctrico intenso: la demanda de energía duplicó entre 2018 y 2024 y podría triplicarse para 2028, según Goldman Sachs.
- Uso de agua para refrigeración: los data centers modernos requieren millones de litros diarios, compitiendo con uso agrícola y residencial.
- Contaminación acústica y térmica: generadores de respaldo y sistemas de refrigeración operan 24/7.
- Falta de consentimiento comunitario: desarrollos anunciados sin consulta previa a vecinos o gobiernos locales.
El rechazo cruza líneas partidarias. Republicanos, demócratas e independientes coinciden en las preocupaciones ambientales, según organizaciones como Waging Nonviolence que documentan las protestas.
Casos emblemáticos: Arizona, Virginia y Nueva York
En Arizona, Tract retiró por completo un proyecto de $14.000 millones tras resistencia comunitaria. En Virginia, el desarrollo de QTS/Compass valorado en $24.700 millones enfrenta demandas de residentes locales que argumentan impacto ambiental no mitigado. Nueva York anunció en julio de 2026 un halt sobre nuevas propuestas de grandes centros de datos, uno de los movimientos regulatorios más agresivos hasta ahora.
Los estados con más grupos de oposición hasta marzo eran Maryland, Ohio y Texas, según Data Center Watch. En Tennessee, una petición en Change.org reunió más de 500.000 firmas. El déficit energético proyectado de 45 GW para 2028 alimenta el argumento de que la infraestructura eléctrica no puede absorber la demanda sin impacto en tarifas residenciales.
Respuesta legislativa: 30 estados en movimiento
Aproximadamente 30 legislaturas estatales introdujeron o adoptaron medidas cubriendo ubicación (siting), electricidad y uso de agua en la primera mitad de 2026, según Data Center Watch. Más de 300 proyectos de ley se presentaron solo en las primeras seis semanas del año, marcando lo que los analistas llaman «un cambio claro de políticas enfocadas en incentivos hacia supervisión regulatoria» a medida que la escala de demandas energéticas se hizo más clara.
El fenómeno obliga a desarrolladores a negociar antes de presentar solicitudes formales. Comunidades se organizan preventivamente, presionan en audiencias públicas y contratan abogados especializados en derecho ambiental. La velocidad de despliegue de infraestructura de IA, que era una ventaja competitiva para Amazon, Meta, Microsoft y Alphabet, ahora choca con un muro de fricción local.
La oposición se globaliza
Por primera vez en dos años de seguimiento, Data Center Watch registró protestas fuera de Estados Unidos en 2026: Europa, Australia y Sudáfrica muestran señales tempranas de rechazo comunitario. El manual de oposición estadounidense está siendo replicado. Mientras Big Tech defiende que los data centers son esenciales en la carrera contra China para desarrollar tecnologías de IA potencialmente transformadoras, el argumento no convence a vecinos que ven subir su factura eléctrica y consumirse el agua local.
El $68.000 millones bloqueados en Q2 son solo la cifra visible. No cuentan proyectos que ni siquiera se anunciaron por temor a rechazo anticipado, ni los costos de litigio y retrasos que inflan presupuestos. Amazon, Meta, Microsoft y Alphabet tendrán que elegir: negociar con comunidades desde el inicio, aceptar cronogramas más largos y mitigar impacto ambiental con inversión adicional, o bien concentrar despliegues en jurisdicciones dispuestas a absorber el costo político. Ninguna de esas opciones es barata ni rápida.