Startups cripto podrán recaudar $75M: sin escudo ante demandas privadas
Patricia López · Regulación Cripto · 2026-09-23
La SEC abrió dos rutas de capital con Regulation Crypto Assets, pero la propuesta no protege a emisores de litigios bajo las leyes federales de valores. El riesgo legal persiste.
La SEC publicó el 18 de agosto una propuesta que permite a emisores cripto recaudar hasta $5 millones en cuatro años o $75 millones anuales bajo un marco específico para criptoactivos. Pero la regla, bautizada Regulation Crypto Assets, no blinda a nadie de las demandas privadas que han tumbado proyectos enteros en los últimos tres años. Las nuevas rutas de capital vienen con exposición legal intacta.
El presidente de la SEC, Paul Atkins, describió la propuesta como «caminos claros para recaudar capital bajo las leyes federales de valores». Claro sí, protegido no. La interpretación administrativa que sustenta la regla no vincula a los <abbr title="Cortes de distrito y de apelación que juzgan casos bajo las leyes federales">tribunales federales</abbr>, y las firmas legales que analizaron el texto coinciden: se espera que continúe el litigio de valores privados sobre activos digitales, según análisis de Sidley Austin y Skadden publicados en agosto.
Dos techos de recaudación, una sola exención de registro
La propuesta establece dos modalidades. La exención de startup permite recaudar hasta $5 millones durante un período agregado de cuatro años, con requisitos de revelación narrativa redactados en lenguaje simple —lejos del formulario denso de una declaración de registro completa— y sin obligación de informes continuos.
La exención de recaudación sube el techo a $75 millones durante cada período de 12 meses, pero condiciona el acceso a la provisión de estados financieros y obligaciones de informes continuos. Ambas rutas eximen del registro federal bajo la <abbr title="Ley de Valores de 1933 que regula la emisión de valores en EE.UU.">Securities Act de 1933</abbr>, siempre que se cumplan las condiciones especificadas en la regla.
La propuesta incluye también un safe harbor condicional: un criptoactivo podría considerarse no sujeto a un contrato de inversión si se cumplen condiciones especificadas, una vez que el emisor ha completado o cesado permanentemente todos los esfuerzos de gestión esencial representados o prometidos bajo ese contrato. El problema: «safe harbor» aquí significa protección administrativa, no inmunidad judicial.
Revelación basada en principios, litigio caso por caso
La regla impone requisitos de revelación para «personas relacionadas», una categoría que captura una amplia gama de participantes del proyecto —fundadores, desarrolladores, tesoreros de <abbr title="Organización Autónoma Descentralizada gobernada por código y votación on-chain">DAO</abbr>, asesores con tokens—, y que requiere análisis cuidadoso de quién debe revelar qué. Para la exención de startup, esas revelaciones son narrativas y flexibles; para la de $75M, formales y auditadas.
Ese diseño basado en principios —que Atkins defendió como adaptable a la innovación— abre la puerta a debates posteriores en tribunales: qué redacción fue suficiente, qué omisión constituyó fraude material. Skadden advierte en su análisis que algunos conceptos podrían introducir áreas de incertidumbre que, en ausencia de precedentes judiciales claros, alimentarán el litigio privado.
- $5M en 4 años: exención de startup sin informes continuos, revelación narrativa en lenguaje simple.
- $75M anuales: exención de recaudación con estados financieros y reporting continuo.
- Safe harbor: protección condicional una vez cesados los esfuerzos de gestión esencial, pero sin efecto vinculante en cortes federales.
- Personas relacionadas: categoría amplia que captura fundadores, desarrolladores y asesores, con obligaciones de revelación case-by-case.
El marco que sobrevivió al fracaso legislativo
Regulation Crypto Assets aterrizó cinco meses después de la interpretación conjunta de la SEC y la <abbr title="Commodity Futures Trading Commission, regulador federal de derivados">CFTC</abbr> de marzo de 2026, que aclaraba cómo aplican las leyes federales de valores a ciertos criptoactivos. Tras el fracaso del CLARITY Act en el Senado con votación 49-50 el 15 de septiembre, esta propuesta quedó como la vía de corto plazo en el plan regulatorio cripto de la administración.
El período de comentarios públicos de 60 días, que comenzó tras la publicación en el Federal Register, sigue abierto hasta el 20 de octubre. Atkins confirmó que la agenda cripto avanzará sin legislación, pero reconoció antes de la votación que las reglas administrativas no son «a prueba de futuro» contra reguladores desviados en administraciones posteriores ni contra tribunales que interpreten de forma distinta.
Bitcoin cotiza en $86,573.94 este miércoles 23 de septiembre, con alza del 0,47% vs. el cierre anterior, en una jornada marcada por retrocesos generalizados en cripto tras el cierre de Wall Street.
Capital más accesible, certeza legal pendiente
La aritmética es directa: una startup que recaude $5M bajo la nueva exención evita costos de registro que rondan los $200,000–$500,000 en honorarios legales y auditoría, según estimaciones de firmas especializadas. Pero esa startup no evita el riesgo de que un inversor la demande tres años después alegando que el token era un valor no registrado bajo interpretación judicial divergente de la interpretación administrativa de la SEC.
El litigio de clase colectiva en valores —una industria en sí misma en EE.UU.— ha tumbado proyectos con más capital y mejores asesores. Ripple, por mencionar uno, estuvo en tribunales federales durante cinco años discutiendo si <abbr title="Criptomoneda nativa del protocolo de pagos Ripple">XRP</abbr> era o no un valor, con interpretaciones divididas entre cortes de distrito, antes de liquidarse en 2025. Regulation Crypto Assets ofrece rutas de recaudación, no escudo judicial.
Para los emisores que esperaban marco duradero con el CLARITY Act, la propuesta es un segundo mejor escenario: facilita recaudar capital, pero no cierra el debate legal de fondo. El período de consulta termina en 27 días; luego vendrá la regla final, probablemente en el primer trimestre de 2027, y con ella los primeros emisores dispuestos a probar si el safe harbor resiste en una corte federal.